El Secretario General del Centro de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (CEDIUNCO), Victor Curapil, describió en LU5 una crisis estructural que atraviesa esa casa de estudios tras 300 días sin que el gobierno nacional cumpla con el financiamiento universitario establecido por ley.
Curapil explicó que el impacto más visible se manifiesta en la fuga de docentes del sistema. Según los datos que citó, solo durante 2025 se registraron alrededor de 275 renuncias en cargos docentes en la Universidad del Comahue, lo que genera equipos de cátedra incompletos y dificulta el normal dictado de clases.
Para graficar la magnitud del problema salarial, el secretario general precisó que un ayudante de primera —el cargo inicial de la carrera docente universitaria— percibe 380 mil pesos de bolsillo por 10 horas de trabajo. «La grilla salarial de la docencia universitaria es pública, uno la puede buscar», aclaró, respondiendo a lo que calificó como información errónea que circula sobre los ingresos docentes.
En opinión de Curapil, esos salarios resultan insuficientes para sostener un nivel de vida básico, en particular en la Patagonia, donde el costo de vida es más elevado. Por esa razón, según explicó, muchos docentes que antes tenían dedicación parcial a la investigación solicitaron una reducción de esa carga horaria para buscar ingresos complementarios fuera de la universidad. «Uno tiene que mantener una vida, tiene que pagar el alquiler, los gastos que tiene cualquier persona, y más en nuestra zona de la Patagonia», señaló.
El gremialista detalló que la crisis también golpeó de lleno los proyectos de investigación. Dado que esos proyectos tienen una duración de varios años e incluyen planificación de insumos, equipamiento y actividades de vinculación, el recorte presupuestario obligó a cancelar o reducir actividades, suspender compras de equipamiento y operar muy por debajo de los niveles óptimos.
Desde el punto de vista institucional, describió una situación de incumplimiento legal sostenido. Recordó que la ley de financiamiento universitario fue sancionada por el Congreso de la Nación, luego vetada por el Poder Ejecutivo y finalmente ratificada por el propio Congreso mediante insistencia. A pesar de ese proceso legislativo y de fallos judiciales que, según Curapil, dieron la razón a las universidades, el gobierno no transfirió los fondos correspondientes. «Ya no quedan instancias judiciales donde el gobierno pueda apelar porque la última justicia nos dio la razón. No queda más que cumplir la ley», sostuvo.
Curapil precisó que existe además un pedido de interpelación a funcionarios públicos en el Congreso de la Nación para que expliquen por qué persiste el incumplimiento. En su análisis, la falta de respuesta tiene una dimensión política: «Si hay funcionarios que no cumplen con una ley que tiene sentencias judiciales, que ha sido ampliamente apoyada, tienen que dar respuesta por ese lado», afirmó.
Consultado sobre los pasos a seguir, cifró las esperanzas inmediatas en la paritaria convocada para el 1 de septiembre, que calificó como el mecanismo legítimo de resolución.
En paralelo, anunció que para el miércoles 19 de agosto la comunidad universitaria realizaría una asamblea en la sala del Consejo Superior de la UNCO seguida de un abrazo simbólico a la Biblioteca Central, como parte de las medidas de visibilización del conflicto.
