La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó una denuncia y un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que denuncia persecución política y parcialidad de los jueces que intervinieron en su condena por la causa conocida como vialidad.
El periodista Claudio Mardones informó que la noticia se conoció a través de la cuenta de X de la expresidenta y de su página web personal, aproximadamente una hora antes de una conferencia de prensa convocada por su equipo de defensa jurídica. En ese acto, según explicó el periodista, se esperaba que los abogados contratados para la causa aportaran los principales ejes del planteo internacional.
Para llevar adelante esta etapa, Cristina Fernández de Kirchner convocó a dos abogados extranjeros de reconocida trayectoria: el brasileño Rafael Balín, quien fue defensor del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, y el español Javier Borrego, con amplia experiencia en la justicia española y en litigios ante tribunales internacionales.
La expresidenta presentó su posición en una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la justicia”, publicada junto con el anuncio de la denuncia. En ese texto, según citó Mardones, Fernández de Kirchner sostuvo que “ante ese comité todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos“, y agregó que “allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales”.
El periodista señaló que el planteo tiene dos cuestiones centrales: la revisión de la condena específica por la causa vialidad y la situación de los derechos políticos de la expresidenta, que fueron anulados como parte de esa condena. En su opinión, el argumento principal que articula la defensa consiste en demostrar que todos los jueces intervinientes actuaron con una animosidad directa que habría vulnerado la imparcialidad y el debido proceso.
Mardones recordó que no sería la primera vez que organismos internacionales formulan señalamientos sobre la justicia del país, y precisó que en algunos casos esas indicaciones fueron reconocidas y en otros no.
