Derogación de la Ley de Tierras: ¿Cuáles son sus consecuencias?

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El gobierno del presidente Javier Milei publicó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que dispuso su plan de desregulación de la economía. El documento presidencial establece múltiples reformas y dispone la derogación de numerosas leyes.

Entre las normas a las que le puso fin figura la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida como la Ley de Tierras. En concreto, la redacción de este texto establece un límite de venta de tierras nacionales a capitales extranjeros.

Rafael Colombo es abogado, integrante del colectivo “Abogados ambientalistas”, docente, investigador, comunicador socioambiental. En diálogo con LU5, analizó la publicación del DNU y remarcó que para él es una norma “a todas luces inconstitucional”. Al respecto, especificó: “El presidente presentó un decreto que es un gran Frankestein jurídico que subvierte toda la existencia de la democracia constitucional argentina”.

Puntualmente sobre la Ley de Tierras, Colombo apuntó que “no está acreditada la necesidad ni la urgencia” de su derogación por parte del gobierno nacional. Aclaró que la normativa es necesaria porque “limitar la extranjerización de las tierras argentinas, para evitar casos como los de Joe Lewis, Benetton y también empresas offshore que han adquirido tierras nacionales y recursos estratégicos en condiciones irregulares”.

Desde la perspectiva del abogado ambientalista, la única “urgencia explícita en este DNU de Milei es servir a los intereses de capitales extranjeros concentrados que vienen a nuestro país a apropiarse masivamente de nuestras tierras“. La principal consecuencia de la derogación de esta norma es que se siga profundizando esa situación de extranjerización de territorio argentino. Sobre ello, puntualizó: “Actualmente, hay 15 millones de hectáreas en manos de extranjeros y muchas de esas hectáreas figuran en sociedades constituidas en grandes paraísos fiscales”.

Asimismo, Colombo aseguró que la normativa de tierras es una “ley de orden público y al serlo tiene un status de protección que no tienen otras leyes. Se considera de interés publico la protección de la tierra porque es un recurso no renovable y de carácter estratégico económico, geopolítico, social y ambiental”.

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