Los prestadores del servicio de asistencia a la discapacidad se movilizaron en todo el país para reclamar por los pagos atrasados y en rechazo al ajuste en discapacidad. El conflicto, a nivel nacional, surgió porque las obras sociales que dependen de la Superintendencia de Salud no pagan a los profesionales.
En diálogo con LU5, Daniel Spadone, Gerente de Delegaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, manifestó que “no hay ningún ajuste en materia de discapacidad. No hay ajuste ni lo podría haber, no hay vocación de hacerlo y tampoco se podría hacer legalmente porque los fondos de la Seguridad Social son una cuenta especial que no está dentro del presupuesto nacional, que no puede ser tocada y se nutre de lo recaudado por la seguridad social”.
Respecto a la situación de los beneficiarios y las prestaciones, Spadone sostuvo que “nunca se han cortado las prestaciones. A nadie se la ha dejado de dar prestaciones por motivo alguno, legalmente no se puede dejar de dar prestaciones bajo ningún pretexto”.
En relación al atraso en los pagos, el Gerente de Delegaciones de la Superintendencia de Salud explicó que “por ejemplo, la facturación del mes de junio, en ese caso los prestadores tienen tiempo para presentar las facturas en la obra social hasta 15 de julio, luego la obra social nos presenta esas facturas y ahí tenemos por ley 60 días de plazo para informar a la AFIP. Una vez hecha la auditoria y control de las facturas, que descuente de la cuenta de discapacidad y se deposite en las cuentas de las obras sociales, que son las que tienen que pagarle a sus proveedores. Con todos estos plazos las facturas del mes de julio se estarían pagando los primeros días de septiembre”.
