La Justicia neuquina junto a la División de Análisis Informático Forenses de la Policía de Neuquén (DAFI) realizó allanamientos en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. El operativo se realizó en busca de un servidor interno que tendría información sensible vinculada a la causa de los planes sociales.
El fiscal Juan Manuel Narváez, dijo en LU5 que en el allanamiento realizado este jueves servidores y computadoras, incluidas las que realizan el almacenamiento de la información histórica de los planes sociales que se pagaban con cheques antes de la bancarización.
“Ese sistema interno exclusivamente almacenaba información en un servidor que estaba dentro del Ministerio. Ayer lo pudimos ubicar y efectivamente secuestrarlo”, manifestó Narváez.
Distintas modalidades de estafa
El fiscal aseguró que inicialmente se imputó a 16 personas por las extracciones realizadas mediante tarjetas de débito de beneficiarios o supuestos beneficiarios de planes quienes recibían una pequeña parte del plan.
“Dentro de la misma causa se ven dos modalidades, una es el cobro indebido de planes sociales por tarjeta de débito y otro que es el que vamos a reformular es el de cobro indebido de los planes sociales mediante cheques”, explicó Narváez.
“Casi 30 personas están procesadas a la fecha. Hay personas que todavía no se le han formulado los cargos, pero vamos a ampliar la acusación más allá de las primeras 16 personas que habíamos acusado”, señaló.
El funcionario judicial explicó que la prueba directa con la que cuentan es contundente y que como último cargo involucra al ex ministro Abel Di Luca, que antes tenía una participación como secretario y ya estaba dentro de esta maniobra.
Por otra parte, Narváez dijo que además pedirán la ampliación del periodo de tiempo que se llevaba a cabo esta maniobra.
Causas unificadas y posibles penas
“Lo de los seis meses tenemos todo para probarlo, pero se plantea la posibilidad de llevar a todos los imputados a juicio con las dos maniobras y no dividir las causas“, explicó el fiscal.
“En la asociación ilícita el código prevé una pena mínima de 3 años y una máxima de 10. Pero se tiene que sumar el resto de los delitos“, aclaró.
Los delitos por los que podrían ser condenados tienen que ver con la “estafa de manera particular a los beneficiarios” y también por “estafa al Estado”.
“En concurso de todos estos delitos es mucho más de 10 años para las personas que tienen un rol más significativo y para las personas que solo extraían dinero la pena máxima es de 3 años”, manifestó Narváez.
¿A cuánto asciende la estafa?
En este sentido el fiscal aseguró que el equipo contable se encuentra trabajando en el informe correspondiente que se brindará por completo en la audiencia de formulación de cargos.
“Principalmente se había hablado de 62 millones que es exclusivamente con tarjeta de débito y durante seis meses. Ahora hay que sumar los cheques y dos años atrás”, especificó Narváez.
“Nosotros vamos a solicitar la audiencia a la oficina judicial y entiendo por la práctica que se puede llegar a fijar a finales de septiembre o principios de octubre”, finalizó.
