Una investigación en curso en Neuquén involucra a efectivos de la Policía provincial en una maniobra de venta ilegal de vehículos secuestrados, con aproximadamente 270 autos comprometidos y ganancias estimadas en 1.350 millones de pesos.
El periodista Alejandro Lillo informó que el mecanismo de la maniobra: los policías involucrados solicitaban autorización judicial para desafectar vehículos que se encontraban en guarda —es decir, en depósito como producto de operativos o secuestros— bajo el argumento de que debían ser compactados por falta de espacio o por tratarse de modelos obsoletos. El juez de la causa autorizaba el trámite creyendo que los rodados irían a una compactadora para convertirlos en chatarra, pero en realidad eran derivados a desarmaderos.
Según el periodista, en esos desarmaderos los vehículos eran desguasados para la venta de repuestos, y algunos de los que se encontraban en mejores condiciones —sin daños visibles, ya que podían haber sido secuestrados por hallazgo de droga en su interior, por ejemplo— eran vendidos directamente como unidades enteras. Los autos eran ofertados a través de redes sociales y plataformas como Marketplace, precisó Lillo.
El esquema salió a la luz, de acuerdo con lo relatado, gracias a una denuncia: una persona cuyo vehículo estaba en trámite de guarda judicial descubrió que su propio auto estaba siendo ofertado en una red social. Al consultar, le informaron que el rodado había sido autorizado para compactación. Esa contradicción desencadenó la investigación. Lillo recordó además que algo similar le había ocurrido al Club Pacífico con un colectivo que, según se informó en LU5 en su momento, estaba siendo vendido por Marketplace cuando supuestamente ya había sido transferido.
En este caso, sin embargo, Lillo subrayó que la responsabilidad recae sobre individuos específicos: «Es justo decir que no es toda la policía, sino que son hombres que revisten ahí en la policía».
Según la información disponible hasta el momento, al menos tres efectivos de distinto grado estarían involucrados en la maniobra.
Las autoridades llevan realizados casi una decena de allanamientos en la ciudad de Neuquén, orientados a determinar a qué desarmaderos eran llevados los vehículos, cómo se concretaba el desguace y de qué manera se canalizaba la venta, detalló el colaborador. Los procedimientos comenzaron muy temprano en la mañana del viernes.
Para dimensionar el volumen del negocio ilegal, Lillo realizó al aire un cálculo propio: tomando como base un promedio de 5 millones de pesos por vehículo —precio que consideró conservador para un auto en condiciones de ser vendido a un desarmadero— y multiplicándolo por los 270 autos individualizados, la ganancia estimada ascendería a 1.350 millones de pesos. «Vamos a poner 5 millones de pesos por 270, me da 1.350 millones de pesos», señaló.
