“Ley Ómnibus”: cuáles serían sus efectos en el cine nacional

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El 20 de diciembre, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso del proyecto de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”. Justamente esta semana, ambas cámaras del Congreso tienen como tarea comenzar a armar las comisiones para tratarlo.

Conocida popularmente como “ley ómnibus”, con este megaproyecto el Gobierno nacional abrió un frente amplio de intentos de reformas y modificaciones, entre las que se destacan las pretensiones de privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, modificaciones tributarias, la suspensión de la actual fórmula de movilidad jubilatoria.

El capítulo 3 de ese texto aborda de forma integral a la cultura y parte de esas líneas apuntan a desfinanciar la industria del cine. Es allí donde se detallan importantes modificaciones a la autarquía y el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

Vanessa Ragone es presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), productora y directora de cine (productora de una gran lista de exitosos largometrajes como por ejemplo “El secreto de sus ojos”).

En diálogo con LU5, Ragone compartió el análisis que hicieron desde la CAIC del proyecto de Milei: “Tenemos mucha preocupación porque hay muchos puntos que se pretenden modificar en relación a la ley de cine. Hay dos que son de los más serios; uno tiene que ver con el financiamiento del instituto del cine y su actividad. El fondo de fomento cinematográfico se compone de dos ingresos fundamentales, uno es el 10% del valor de la entrada del cine y otra parte son ingresos que provienen del Enacom y esto último se quitaría. Significa un desfinanciamiento importante para la actividad”.

La productora de cine detalló el otro punto del proyecto de “Ley ómnibus” que terminaría incidiendo negativamente en la industria cinematográfica nacional: “Quita todas las leyes de protección de cuota de pantalla, algo que no sucede en ninguna parte del mundo. Esto quiere decir que, con la perspectiva de libre mercado, las películas argentinas deberán competir mano a mano, sin ninguna protección o ninguna cuota de pantalla con los grandes tanques estadounidenses. Por lo cual la distribución y exhibición de nuestras películas se verán afectadas en el territorio nacional”.

En cuanto a la repercusión sobre los puestos de trabajos, Ragone comentó: “La última encuesta que hizo el Sindicato de la Industria Cinematográfica en 2022, había dado la cifra de alrededor de 90 mil empleos directos sin contar todos los trabajos indirectos (catering, transporte, alquiler de locaciones). Todo eso tendrá su cimbronazo porque habrá muy pocos produciendo. Para algunos equipos de producción, el apoyo del Estado es la posibilidad de existir”.

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