Desde la mañana del miércoles se realizaron un total de 11 allanamientos simultáneos en 10 viviendas particulares de funcionarios y en una dependencia estatal. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos, computadoras y documentación relacionada con la causa.
El Fiscal Jefe del Ministerio Público Fiscal, Pablo Vignaroli, aseguró que desde el momento que se realizó la denuncia se dio inicio a una investigación donde se “ordenó un procedimiento en Acción Social y en la Dirección Provincial de Planes Sociales”.
Vignaroli explicó que en una primera instancia comenzaron con entrevistas a beneficiarios de los subsidios y a perjudicados de la maniobra y que, a raíz de la información obtenida, solicitaron los allanamientos que fueron autorizados finalmente por el juez de la causa.
Respecto a la situación del Director Provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza – que es uno de los funcionarios investigados por la justicia- Vignaroli dijo que “el mecanismo del modo en el que se otorgan estos planes sociales da cierta discrecionalidad al director, por lo cual entendemos que debe estar bajo sospecha y así lo entendió el juez que nos dio el allanamiento”.
Los allanamientos en los domicilios se ordenaron debido a que, desde la fiscalía, consideraron que no podían descartar que algún funcionario o empleado provincial, guardara información en un lugar distinto a su oficina.
Respecto al material fílmico recolectado, Vignaroli aseguró que tienen “identificados los vehículos utilizados para hacer la maniobra” y que tratan de “localizarlos en los domicilios”, pero que aún no encontraron ninguno.
Por otra parte Vignaroli dijo que fueron secuestrados dispositivos electrónicos “tanto teléfonos celulares como notebook y computadoras para determinar si hay información de relevancia”. También aseguró que ahora se inicia el proceso de clasificarlos y de solicitarle al juez que habilite la apertura de los dispositivos para luego analizar la información.
Vignaroli indicó que en uno de los domicilios encontraron “5 tarjetas de débito que tenían pegado un adhesivo con un numero” y que presumen que ese número podría ser la clave con la que operaban en los cajeros automáticos.
También desde la Fiscalía explicaron que se encuentran en el proceso de individualizar los roles de las personas involucradas, para corroborar si se trata de una asociación ilícita y quien sería el organizador. “La información que tenemos en mucha como para poder apresurarnos con una formulación de cargos”, mencionó el fiscal.
Respecto al nuevo material que involucra a un grupo de personas determinadas, Vignaroli explicó “tenemos filmado que extraían dinero con tarjetas de débito ajenas, tenemos que ver en cuantos casos los tenemos identificados, tenemos que verificar con que tarjeta llevaron adelante esas extracciones y a partir de ese trabajo vamos a poder tener más precisiones”.
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