Cada 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es una jornada de reflexión. En este marco, preocupan las cifras que difunden desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) respecto a los condenados por delitos de lesa humanidad.
En el 3° Foro Mundial de DDHH que se desarrolló del 20 al 23 de marzo, el presidente de la APDH, Guillermo Torremare, participó junto a Daniel Rafecas (juez), Adriana Taboada (perito en las causas) y Pablo Llonto (abogado de lesa), de un panel de debate sobre prisión domiciliaria en los juicios de lesa humanidad.
Según Torremare, el 83% de los detenidos por delitos de lesa humanidad está con prisión domiciliaria. Desde la APDH cuestionaron esta tendencia y enfatizaron que el beneficio de la domiciliaria solo debe ser aplicado para casos excepcionales.
“Viendo las estadísticas, decidimos hacer una mesa para reflexionar sobre esto, que parece irracional pero hoy es posible”, comentó Torremare a LU5 y explicó: “la excepción se convirtió en regla y la regla es que la prisión se debe cumplir en una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal en el caso de los delitos de lesa humanidad”.
El presidente de la APDH remarcó que “los jueces tienen una mala interpretación de la ley al concederle la prisión bajo la modalidad domiciliaria a cualquier imputado que cumple 70 años y hay una tendencia a otorgarles ese pedido”. Al respecto, analizó que esa tendencia está generalizada entre los jueces y enfatizó que “nada justifica que quienes hayan cometido delitos atroces y no tengan una enfermedad terminal no estén cumpliendo la pena en una cárcel común”.
Por otra parte, se refirió a la cantidad de discursos negacionistas impulsados desde partidos políticos, dirigentes, y también con un fuerte apoyo de algunos medios de comunicación. “Estamos empezando a plantear la necesidad de una iniciativa legislativa que sancione el negacionismo para funcionarios públicos de cualquier poder del estado”, señaló Torremare y argumentó: “es inadmisible que el Estado sea negacionista; si un agente estatal es negacionista, contraviene los tratados de DD. HH. que obligan al país a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad”.
